Gracias a una denuncia ciudadana se pudo constatar que la zona baja del puente vehicular de la Avenida La Esperanza con carrera 68 era utilizada como parqueadero de vendedores informales de la zona y bodega de almacenamiento de residuos. 

En el operativo, que contó con la participación de diferentes entidades, se logró la recuperación integral de cerca de 975 metros cuadrados de espacio público y la recopilación de más de 6 toneladas de residuos sólidos

Gracias a una denuncia ciudadana, la Defensoría del Espacio Público pudo constatar una ocupación indebida del espacio público en el puente vehicular de la Avenida La Esperanza con carrera 68. La alerta de la comunidad ayudó a que se pudiera evidenciar que la zona baja del puente fue deteriorada y el lugar era utilizado como parqueadero ilegal de vendedores informales de la zona y bodega de almacenamiento. 

Las personas que estaban ocupando indebidamente el lugar, al parecer alquilaban el espacio debajo del puente vehicular a $20.000 semanal por parquearlos allí. Algunos de estos vehículos contenían alimentos y los dejaban estacionados al lado de residuos sólidos, en condiciones insalubres. En el momento del operativo, fueron encontrados 22 de estos vehículos. 

Así mismo,  se retiraron 6 toneladas de residuos sólidos como colchones, maderas, plástico, residuos no aprovechables, orgánicos, entre otros. Esto permitió la recuperación de cerca de 1.000 metros cuadrados de espacio público.

“Estos operativos hacen parte de las acciones que adelanta la Defensoría de Espacio Público por recuperar los espacios, que a la fecha nos han permitido devolverle a la ciudadanía más de 334 mil metros cuadrados de entornos en la ciudad. Esto significa que hay más y mejor espacio público en Bogotá para que la ciudadanía disfrute y goce de él, con responsabilidad”, manifestó Alejandra Rodríguez Cortes, directora de la Defensoría del Espacio Público. 

El operativo contó con la presencia de la Secretaria de Integración Social, que brindó acompañamiento a una familia compuesta por dos adultos y tres menores de edad, que habitaban debajo del puente, quienes decidieron retirarse del lugar voluntariamente, sin aceptar la oferta institucional. 

Además, participaron Secretaria de Seguridad, UAESP, Policía Metropolitana e IDU.